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<\/p>\nLas agencias de inteligencia de EEUU no recopilar\u00e1n los datos de geolocalizaci\u00f3n de los residentes en \u00a0EEUU en futuras investigaciones, revel\u00f3 el gobierno de EEUU este mes. De hecho, no lo han hecho desde el verano pasado.<\/p>\n
Los \u00faltimos 18 meses han visto cambios significativos en la recopilaci\u00f3n de datos de ubicaci\u00f3n de tel\u00e9fonos en EEUU. Desde 1994, los organismos encargados de hacer cumplir la ley en los EEUU pudieron acceder a los registros judiciales gracias a una enmienda a la Ley de comunicaciones almacenadas de 1996. Seg\u00fan esta legislaci\u00f3n, un juez podr\u00eda dar acceso a los fiscales si pueden justificar que los registros de llamadas son relevantes y materiales para una investigaci\u00f3n en curso.<\/p>\n
Todo eso cambi\u00f3 tras una demanda presentada por Tim Carpenter, quien fue condenado en 2011 despu\u00e9s de que los fiscales federales rastrearan los datos de la ubicaci\u00f3n de su tel\u00e9fono m\u00f3vil, vinculando su tel\u00e9fono con la hora y el lugar de varios robos. Carpenter demand\u00f3 en la corte de apelaciones, alegando que el rastreo viol\u00f3 sus derechos de la Cuarta Enmienda. Perdi\u00f3 en la apelaci\u00f3n, pero luego el caso fue a la Corte Suprema, que fall\u00f3 a su favor en una votaci\u00f3n de 5-4.<\/p>\n
Esa decisi\u00f3n detuvo la recopilaci\u00f3n sin orden de datos de ubicaci\u00f3n de tel\u00e9fonos por parte de la polic\u00eda y la polic\u00eda federal, pero \u00bfqu\u00e9 pasa con las agencias de inteligencia?<\/p>\n
En 2001, la secci\u00f3n 215 de la Ley PATRIOTA de EEUU modific\u00f3 el T\u00edtulo V, Secci\u00f3n 501 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), permitiendo a las agencias de inteligencia recopilar metadatos de llamadas (conocidos como registros de detalles de llamadas o CDR) que almacenan en repositorios y redes seguras. La NSA puede consultar los metadatos cuando tiene una sospecha razonable de que la llamada podr\u00eda estar asociada con organizaciones terroristas extranjeras.<\/p>\n
La Secci\u00f3n 215 est\u00e1 en la agenda del Congreso en este momento porque tiene los d\u00edas contados en virtud de la Ley de Libertad de EEUU de 2015, que se cre\u00f3 para preservar el programa CDR de forma restringida. A menos que el Congreso renueve la Secci\u00f3n 215, dejar\u00e1 de existir el 15 de diciembre de 2019.<\/p>\n
El historial de la NSA con los CDR ha sido irregular. En 2018, elimin\u00f3<\/a> los CDR que hab\u00eda recopilado desde el inicio del programa en 2015, admitiendo que “irregularidades t\u00e9cnicas” significaban que hab\u00eda recopilado detalles de llamadas a las que no ten\u00eda derecho de acceso. Luego, este a\u00f1o le pidi\u00f3 permiso a la Casa Blanca para terminar el programa<\/a> porque no val\u00eda la pena el esfuerzo.<\/p>\n En marzo de este a\u00f1o, el senador Ron Wyden le escribi\u00f3 al Director de Inteligencia Nacional, Daniel Coats, pregunt\u00e1ndole sobre las intenciones de la comunidad de inteligencia tras el fallo de la Corte Suprema. Seg\u00fan los informes, Coats respondi\u00f3 que todav\u00eda no hab\u00eda brindado orientaci\u00f3n a las agencias de inteligencia sobre el tema. Wyden escribi\u00f3 nuevamente el 30 de julio de 2019, presionando sobre el punto:<\/p>\n Si el Congreso va a volver a autorizar la Secci\u00f3n 215 antes de que expire en diciembre, necesito saber c\u00f3mo se interpreta esta ley ahora, y c\u00f3mo podr\u00eda interpretarse en el futuro.<\/em><\/p>\n Coats ha dimitido desde entonces. La semana pasada, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional respondi\u00f3<\/a>, explicando que no hab\u00eda alcanzado una posici\u00f3n sobre el estado de las investigaciones penales en virtud del T\u00edtulo V.<\/p>\n En la carta, Benjamin T Fallon, subdirector de inteligencia nacional para Asuntos Legislativos, explic\u00f3 que ni el Departamento de Justicia ni la comunidad de inteligencia hab\u00edan llegado a una conclusi\u00f3n legal sobre las b\u00fasquedas de metadatos telef\u00f3nicos del T\u00edtulo V despu\u00e9s del caso Carpenter, y que el problema era tan constitucional y legal que no lo hab\u00edan hecho desde el fallo de la Corte Suprema. Actualmente, usan los t\u00edtulos I y III de FISA para obtener acceso a los metadatos del tel\u00e9fono, seg\u00fan la carta.<\/p>\n Las cosas parec\u00edan m\u00e1s claras cuando estaban involucradas investigaciones antiterroristas. La carta agregaba que los CDR no incluyen legalmente los datos de ubicaci\u00f3n del tel\u00e9fono (tambi\u00e9n conocido como informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n del m\u00f3vil):<\/p>\n Finalmente, con respecto a una solicitud bajo el T\u00edtulo V para la producci\u00f3n de forma continua de registros detallados de llamadas relacionados con una investigaci\u00f3n antiterrorista autorizada, el estatuto establece expresamente que el t\u00e9rmino “registro detallado de llamadas” no incluye “ubicaci\u00f3n del m\u00f3vil o informaci\u00f3n del posicionamiento global del sistema\u2026\u201d<\/em><\/p>\n Por lo tanto, el gobierno no puede obtener informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n basada en CSLI o GPS en el caso de tales aplicaciones bajo el T\u00edtulo V de FISA.<\/em><\/p>\n Desde su solicitud de terminar el programa CDR, la NSA ha pedido que se mantenga su derecho a reintroducirlo. Seg\u00fan los informes, la \u00faltima palabra<\/a> de los dem\u00f3cratas es que retirar\u00e1n la autorizaci\u00f3n para el programa de recopilaci\u00f3n de metadatos de la NSA por completo, retir\u00e1ndolo de la mesa a partir del pr\u00f3ximo mes.<\/p>\n<\/p><\/div>\n